Ponce, Puerto Rico — De acuerdo al presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos (izquierda, en foto), el movimiento sindical en la Isla de Puerto Rico se encuentra actualmente en una situación ‘‘crítica’’. Según Santos, esto se debe a que la Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos aprobada bajo la gobernaduría de Pedro Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP) (1992-2000), ha desenfocado las prioridades de los representantes obreros en el país.
‘‘La situación del movimiento obrero en Puerto Rico es un tanto crítica, en vista de que algunos sectores del movimiento obrero han abdicado a su posición como representantes de los trabajadores para irse detrás de la defensa de las cuotas’’, sostuvo en entrevista radial (WPUC).
La Ley 45 del 25 de febrero de 1998 fue creada para ‘‘conceder el derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente a los empleados del sector público’’. Pero, según Santos, dicha ley fue un simple acuerdo ‘‘político con las uniones norteamericanas’’, que a cambio de las cuotas de los empleados públicos, apoyarían las gestiones del movimiento estadista en Puerto Rico liderado por el PNP.
En el reportaje preparado por Prensa Asociada, el Presidente de la UTIER estimó en millones de dólares las cuotas que han pagado los empleados públicos a las uniones estadounidenses, en particular a las organizaciones locales afiliadas a la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Desde la implantación de la Ley 45, diferentes grupos solidarios con el movimiento obrero, como el Frente Socialista de Puerto Rico y sus afiliados, consistentemente han denunciado la misma.
‘‘La Ley 45 es una ley mala que se aprobó como consecuencia de unos compromisos políticos de las uniones norteamericanas que tienen como objetivo principal tener grandes cantidades de trabajadores pagando cuotas que no llevan en sí un compromiso real por ayudar a la transformación de las condiciones de salud y seguridad y de vida de los trabajadores’’, sostuvo.
‘‘La situación del movimiento obrero en Puerto Rico es un tanto crítica, en vista de que algunos sectores del movimiento obrero han abdicado a su posición como representantes de los trabajadores para irse detrás de la defensa de las cuotas’’, sostuvo en entrevista radial (WPUC).
La Ley 45 del 25 de febrero de 1998 fue creada para ‘‘conceder el derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente a los empleados del sector público’’. Pero, según Santos, dicha ley fue un simple acuerdo ‘‘político con las uniones norteamericanas’’, que a cambio de las cuotas de los empleados públicos, apoyarían las gestiones del movimiento estadista en Puerto Rico liderado por el PNP.
En el reportaje preparado por Prensa Asociada, el Presidente de la UTIER estimó en millones de dólares las cuotas que han pagado los empleados públicos a las uniones estadounidenses, en particular a las organizaciones locales afiliadas a la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Desde la implantación de la Ley 45, diferentes grupos solidarios con el movimiento obrero, como el Frente Socialista de Puerto Rico y sus afiliados, consistentemente han denunciado la misma.
‘‘La Ley 45 es una ley mala que se aprobó como consecuencia de unos compromisos políticos de las uniones norteamericanas que tienen como objetivo principal tener grandes cantidades de trabajadores pagando cuotas que no llevan en sí un compromiso real por ayudar a la transformación de las condiciones de salud y seguridad y de vida de los trabajadores’’, sostuvo.
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